Un reciente informe de la Contraloría General de la República encendió la polémica en Viña del Mar, luego de evidenciar múltiples irregularidades en la gestión de especies decomisadas al comercio ambulante, lo que motivó duras críticas de autoridades comunales, según informó Evolutiva Medios.
Las conclusiones del organismo fiscalizador apuntan a una preocupante falta de control en el destino de los productos incautados, ya que no existirían registros de ingreso ni actas formales que respalden su manejo. Además, se detectaron serias deficiencias en las bodegas municipales, las cuales presentarían desorden generalizado y condiciones inadecuadas para el resguardo de las especies.
A esto se suma un proceso de destrucción considerado deficiente, ya que —según lo expuesto— se realizaría de forma manual en contenedores públicos y sin resguardo, lo que permitiría que terceros recuperen los productos y los reintroduzcan en el comercio informal.
El concejal Tomás Bartolucci advirtió que la falta de una cadena de custodia adecuada podría derivar en delitos vinculados a la receptación y falsificación, mientras que su par Andrés Solar fue más allá, acusando una “complicidad pasiva” por parte de la administración municipal, al señalar que estas falencias facilitan la comisión de ilícitos.
Desde el ámbito periodístico, se ha señalado que estas irregularidades no serían nuevas, recordando investigaciones previas que ya habían expuesto problemas similares en los procesos de fiscalización y decomiso en la comuna.
El caso reabre el debate sobre la gestión municipal en materia de control del comercio ambulante y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización para evitar eventuales responsabilidades administrativas y penales.
