En un duro comunicado emitido el 11 de diciembre de 2025, ASODIVAL contraatacó las acusaciones del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SUTE) y SITECOVA, que imputan a directores de establecimientos públicos el cobro de bonos vinculados a gestiones de exalcaldes Pinto, Cornejo, Castro y Sharp. El sindicato había alertado sobre pagos que podrían equivaler a un sueldo mínimo por funcionario, afectando a unos 300 trabajadores, y solicitó intervención de Contraloría para investigar responsabilidades administrativas y penales.
ASODIVAL desmontó la denuncia como «ataques reiterados y sistemáticos» de gremios docentes y asistentes, motivados por afinidades políticas cuestionadas y no por defensa educativa. «Lo que hoy se presenta mediáticamente como una denuncia no es más que otro capítulo de una operación política», afirma el texto, respaldado por el director ejecutivo del SLEP Valparaíso, quien prometió respuestas formales a cada punto infundado.
Los directivos defienden la legalidad de subrogancias para garantizar continuidad escolar, criticando la hipocresía de no cuestionar incorporaciones irregulares de docentes y asistentes en administraciones municipales previas. Rechazan ser «chivos expiatorios» de déficits históricos y exigen debate con «respeto, transparencia y argumentación técnica», repudiando «montajes comunicacionales» y amedrentamientos.
El conflicto escala tensiones en la educación pública porteña, donde SUTE busca transparencia en recursos y ASODIVAL prioriza protección de equipos directivos y estudiantes. El SLEP anuncia acciones institucionales, mientras gremios chocan por el uso de fondos y legitimidad de nombramientos.
