VALPARAÍSO – Tras una intensa jornada legislativa en la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto de ley «Escuelas Protegidas» fue ratificado por la Sala y quedó en condiciones de ser promulgado como ley de la República. La iniciativa, orientada a dotar de herramientas de seguridad y convivencia interna a las comunidades escolares ante hechos de violencia, evitó la Comisión Mixta al ser aprobada en cuatro votaciones separadas.
A pesar de su despacho definitivo, el debate de cierre estuvo marcado por altas tensiones políticas. Parlamentarios de oposición hicieron efectivas tres reservas de constitucionalidad, acusando que ciertos puntos del articulado vulneran derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna.
El foco de la discordia: Gratuidad y Vida Privada:
Las discrepancias de la oposición y los argumentos detrás de las reservas constitucionales apuntan fundamentalmente a dos aspectos críticos:
Pérdida de gratuidad universitaria: El proyecto establece que aquellos estudiantes que participen en actos graves de violencia escolar o de carácter delictual dentro de los recintos educacionales arriesgan perder el beneficio de la gratuidad en la educación superior. Sectores opositores argumentaron que esto constituye una «doble sanción» desproporcionada que lesiona la igualdad ante la ley.
Privacidad estudiantil: Las otras dos reservas apuntan a regulaciones sobre el uso de ciertos dispositivos o revisiones de seguridad dentro de las escuelas, lo que a juicio de los recurrentes podría colisionar con el respeto y protección de la vida privada y la honra de los menores y sus familias.
Mineduc aclara el alcance sobre las expulsiones
Ante las críticas transversales que alertaban sobre la posibilidad de que la norma fomente la deserción escolar o el «descarte» de alumnos vulnerables del sistema formal, el Ministerio de Educación y los legisladores defensores de la propuesta delimitaron su alcance.
Las autoridades enfatizaron que esta ley no modifica ni flexibiliza las normativas vigentes sobre expulsión de estudiantes. En su lugar, el texto legal consagra de manera explícita como una falta grave a la convivencia escolar el que los alumnos interrumpan deliberadamente las clases o ejecuten acciones directas para sabotear y paralizar el normal funcionamiento del aula.
Con el trámite legislativo concluido, resta observar si la oposición formalizará los requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC) antes de que el Ejecutivo proceda a la promulgación y posterior publicación de la nueva normativa en el Diario Oficial.